El Gobierno de Eritrea, en África, cerró tres hospitales, 2 centros de salud y 16 clínicas administradas por cristianos dejando a más 170 mil personas necesitadas sin atención médica.
Hasta 25 kilómetros recorren las personas de la localidad para poder recibir cuidados médicos y medicinas mientras que otras quedan totalmente privadas de ello debido a la medida del gobierno.
Amna Nurhusein, ministro de Salud de la ciudad ya ha recibido varias quejas y denuncias por lo sucedido, ellos alegan que tienen todo el derecho de decidir sobre los recursos porque son la autoridad capacitada para ello.
«Estamos expuestos a la persecución religiosa»
«Privar la Iglesia de cuidar de esas instituciones es minar su propia existencia y exponer a sus trabajadores a la persecución religiosa. Declaramos que no entregaremos nuestras instituciones, equipos y espontánea voluntad», dijeron los protestantes.
«Nuestro mensaje al gobierno es simple: déjanos en paz. Es deber de la Iglesia cuidar de los enfermos, de los pobres y moribundos. Nadie, ni siquiera el gobierno, puede decir a la Iglesia que no puede hacer su trabajo», agregaron.
Aún cumpliendo normas, son amenazados
Los encargados de los centros médicos han declarado que se ha cumplido con las exigencias hechas por parte del gobierno para el funcionamiento de los servicios en las comunidades más necesitadas.
«Nuestras instalaciones médicas estaban siguiendo fielmente el ministerio de las directrices de salud y, con mayor frecuencia, los supervisores del ministerio apreciaban el trabajo hecho», afirmaron.
Sin embargo, el hecho de no esconder su fe es la razón principal de la privatización de atenciones médicas en el lugar; actualmente Eritrea está en la posición nº 7 de la lista de persecución cristiana mundial.
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